La realidad invisible de los refugiados ambientales.

Desplazados somalíes por la sequía en un campo de refugiados en Mogadiscio, Somalia. (Mohamed Abdiwahab/AFP/Getty Images)

Autora: Carmen Chato.

Fuente: esglobal.org, 20/06/2018.

Aunque legalmente la máxima protección que otorga la Convención de Ginebra que regula el estatuto del refugiado y sus protocolos no lo hacen a día de hoy, cada vez son más las voces que demandan que los desplazados y migrantes que causa el cambio climático sean reconocidos como tal. El debate, que va más allá, tiene como reclamo de fondo el derecho a gozar de un medio ambiente sano, limpio y, sobre todo, sostenible.

En diferentes latitudes del globo, cientos de miles de personas se enfrentan cada día a la decisión de tener que abandonar su hogar de manera definitiva si quieren sobrevivir. Si bien esta situación no es ni mucho menos reciente, si lo es el considerar las variables medioambientales como el origen de estos desplazamientos forzados. Si nos detenemos en las islas de Vanuatu, archipiélago del Pacífico Sur, o de Tuvalu y Kiribati (Oceanía) la subida del nivel del mar ha hecho que poblaciones enteras hayan tenido que abandonar sus pueblos costeros, e implícito en ello sus medios de subsistencia, para buscar un lugar seguro. De hecho, fue un ciudadano de este último país quien solicitó a Nueva Zelanda en 2015 el estatus de refugiado, lugar al que se trasladó con toda su familia años antes debido a la salinización de las aguas por el avance del mar en sus costas. Sin embargo, las autoridades neozelandesas no vieron motivos suficientes para darle refugio según la jurisprudencia internacional en la materia y terminaron siendo deportados a Kiribati. Así, no solo se frustraron las esperanzas de Ioane Teitiota y su familia de encontrar un nuevo hogar sino de ser los primeros refugiados medioambientales de pleno derecho reconocidos de manera legal bajo el paraguas de la Convención de Ginebra.

Circunstancias como estas, en las que la causa de la migración se debe en última instancia a los efectos del cambio climático, se están dando de manera cada vez más frecuente en puntos distantes del globo como México, el cinturón que forman los países del Sahel, las Islas Marshall, Mongolia o Senegal, por solo citar una decena de ellos. A este respecto, Naciones Unidas calculan que para 2050 el calentamiento global forzará a 200 millones de personas a abandonar sus poblaciones en la búsqueda de otros lugares más seguros. Otras estimaciones más conservadoras dan una cifra de 25 millones, mientras que las más inclusivas lo aumentan a mil millones de almas. El hecho de que exista una horquilla tan amplia en los números viene dado, sobre todo, por la falta de consenso en el reconocimiento legal del estatuto de estas personas que buscan protección y que quizá tenga su origen en la escasa actualización jurídica que no se adapta a las nuevas realidades globales.

La importancia que está cobrando la cuestión es cada vez mayor y algunas organizaciones como el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) afirma que esta tendencia se está consolidando y que, por ejemplo, las consecuencias de los desastres naturales generan a día de hoy más desplazados que los conflictos armados. Por otra parte, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) aboga por la planificación en todas sus fases, con un enfoque integral en cada una de ellas (desde la prevención hasta el retorno o asentamiento de estas personas) que tiene como fin una respuesta sostenible a largo plazo.

Nos encontramos, por lo tanto, ante dos situaciones que hacen que este sea un problema de complicada resolución, al menos por el momento y tal como están planteados los mecanismos que deciden quién debe ser protegido como refugiado. Por un lado, la ineludible realidad de que los efectos de la actividad humana como la deforestación o la desertificación provocan que poblaciones enteras tengan que desplazarse para no regresar jamás. Por otro lado, el dilema de establecer si este desplazamiento es voluntario o forzado por causas externas, -así como temporal o permanente- marca las líneas del debate sobre la necesidad de un nuevo convenio que equipare estos “nuevos refugiados” a los ya reconocidos por la Convención de 1951 y su protocolo adicional del 1967.

Sin embargo, no estamos ante un debate nuevo. Ya en 1985, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) dio una primera definición de refugiado ambiental, incluyendo en ella conceptos como los trastornos ambientales marcados, tanto naturales como provocados por el hombre, o la no distinción entre temporal o permanente del abandono del hábitat natural. Incluso iba más allá y alegaba que aquellos proyectos de desarrollo económico o el mal procesamiento de residuos tóxicos que influyeran negativamente en la calidad de vida pudieran ser consideraros como elementos perturbadores que hicieran evidente la obligatoriedad de emigrar a otros lugares más seguros. Así las cosas, y a pesar de esta definición vanguardista en los tiempos previos al protocolo de Kyoto, a las Cumbres del Clima o los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), la cuestión continúa más de tres décadas después vadeando entre la indefinición y la asimilación oficiosa de los términos jurídicos internacionales de protección. Así, generalmente, se les incluye dentro de los flujos migratorios de raíz económica y que por lo tanto no son susceptibles de recibir el estatus de refugiado. En la línea del PNUMA, otras interpretaciones del Derecho Internacional Humanitario reclamaban que, ante las evidentes lagunas jurídicas, era prioritario incluir en estos textos la salubridad ambiental; una situación que se ha visto parcialmente mejorada con la inclusión del Derecho Humano a un medio ambiente saludable y no degradado como un derecho de tercera generación, reconocido en el mismo momento que otros como el derecho al desarrollo o a la paz, asemejándolos en importancia y protección.

Una situación que ha llevado a la creación de espacios de reflexión que permitan discernir y perfilar ideas que contribuyan a soliviantar esta protección parcial. En esta línea, la Iniciativa Nansen (puesta en marcha en 2015) por los gobiernos de Suiza y Noruega se posiciona como uno de los procesos consultivos de referencia para salvar la brecha que existe entre la protección dada por los Estados y Organismos Internacionales y la realidad invisible de los refugiados ambientales. Además, en un intento de avanzar notablemente incluyen a los desplazados internos (cuya regulación depende de manera interna de cada país) por causas medioambientales como personas susceptibles de ser protegidas internacionalmente como refugiados, algo que ha analizado recientemente el Banco Mundial en su informe Groundswell: prepararse para las migraciones internas provocadas por impactos climáticos y que maneja cifras de 140 millones de personas afectadas.

Por su parte, la sociedad civil también está intentando visibilizar este asunto. La Fundación Justicia Medioambiental (EJC, por sus siglas en inglés) focaliza su trabajo en darle espacio público a la situación de aquellos que tienen que abandonar su hogar de manera forzada por causas medioambientales, y en especial, subrayando la pérdida de los medios de vida, la destrucción de las comunidades, de la soberanía alimentaria o del acceso a las fuentes de energía y al agua como pruebas suficientes para que sea un derecho reconocido plenamente. Greenpeace, directamente, lo clasifica como “el desastre subestimado” ligando cambio climático, desplazamiento y migración y denuncia que tanto la OIM como el IPCC (el Panel Intergubernamental de Cambio Climático establecido por Naciones Unidas) recomiendan no usar el término “refugiado climático” puesto que genera falsas expectativas.

A pesar de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en los que el medio ambiente y su protección tienen un lugar destacado) y del Acuerdo de París firmado en 2015 por 195 países y de carácter vinculante, la situación actual muestra que la cuestión se mueve a ritmo lento. A ello se suma una Convención sobre el estatuto del refugiado que es reflejo de la situación imperante en 1951, en la que se diseñó una herramienta capaz de proteger a aquellos europeos que huían de la Segunda Guerra Mundial.

Hoy en día, y aunque las consecuencias de aquel enfrentamiento global siguen definiendo el mundo actual desde muchos prismas y con variados matices, los países con rentas más bajas, en los que el desarrollo tiene índices reducidos, se ven afectados por un calentamiento global que además no han causado, obligándoles a elegir entre huir sin protección de ningún tipo ni garantías previas o continuar en un lugar que para ellos ya no tiene futuro y otra alternativa en la que impere la sostenibilidad como derecho humano.

¿Cuáles son los 3 principales desafíos de la UE para la próxima década?

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Foto vía enhacke.com
Autora: Estefanía Anticone.
Fuente: UnitedExplanations, 19/04/2018
La Unión Europea tiene muchos desafíos que enfrentar, y algunos de ellos salieron a la luz durante la conmemoración del 60º aniversario de los Tratados de Roma. La reunión de jefes de Estado de la UE puso sobre la mesa los problemas más graves e inmediatos: ciberseguridad, crisis de refugiados, y brecha digital.

El pasado 25 de marzo del 2017, los jefes de Estado de la Unión Europea se reunieron en conmemoración de la celebración del 60º aniversario de los Tratados de Roma.Este encuentro representó una ventana de oportunidad para el ejercicio de reflexión sobre el estado de la Unión Europea y, con ello, la construcción de una visión conjunta para los años venideros, contemplando los principales desafíos que se despliegan para el periodo 2020.

El desarrollo de un evento de esta naturaleza fue relevante para identificar que conforme la Unión Europea se posiciona como actor global, es indispensable la toma en cuenta de retos y oportunidades que ofrecen el contexto internacional, el contexto interno y los valores que condicionan el proyecto de integración en el horizonte de 2020 (Arteaga y Palomares 2010:54). Ante ello, es conveniente observar el panorama político global actual, conformado por una miscelánea de acontecimientos, tales como el despliegue de conflictos interestatales y, de forma paralela, aquellos relacionados con la proliferación nuclear, ciberseguridad, migraciones masivas, cambio climático y desastres naturales. A todos ellos se le suma la responsabilidad de la Unión Europea sobre la ocupación de problemáticas globales como la pobreza, desigualdad, inseguridad ciudadana y crisis alimentaria acontecidas en la sociedad internacional. Bajo este panorama, la continuación de una cooperación comunitaria singular resultará imprescindible (2010:55).

En el presente artículo analizamos tres de los principales desafíos de la Unión Europea en el periodo post 2020: Los ciberataques como factor crítico en la seguridad de la UE, la crisis de refugiados, y los desequilibrios entre las zonas rurales y urbanas. El afrontar retos de tal magnitud no solo representará una clara afectación en el presupuesto previsto para el periodo 2020 sino que conllevará de forma simultánea la elaboración de estrategias de los Estados miembros de la UE para contrarrestar sus impactos.

La ciberseguridad

Desde finales del siglo XX, la sociedad se ha visto expuesta a una transformación única en la historia de la humanidad debido a la irrupción de Internet; ésta ha supuesto una revolución que ha transformado las relaciones entre los individuos, actores estatales y comerciales, facilitando la interacción e intercambio de ideas con una libertad y rapidez como jamás había sido posible (Gazapo y Machin 2016:10). Ante ello, es innegable reconocer los múltiples beneficios que el desarrollo de la actividad cibernética ha tenido sobre nuestra sociedad; sin embargo, es claro afirmar que un fenómeno como este conduciría de forma paralela a lo que quizás representa para el día de hoy el talón de Aquiles de la UE: los ciberataques (Machín y Gazapo 2010:16).

Una mirada a los datos estadísticos provenientes de la Comisión Europea da cuenta del acelerado ascenso de los problemas de ciberseguridad a los que se ha visto abocada la Unión Europea. Bajo esta línea se distingue un aumento del 38% de los incidentes de seguridad en todos los sectores desde el año 2015 y, junto a ello, un 86% de ciudadanos europeos que perciben que la ciberdelincuencia va en ascenso. Asimismo, el crecimiento de un fenómeno como este ha estado ejemplificado en casos como Wikileaks y Anonymous, quienes han ejecutado recientemente ciberataques dirigidos a la consecución de una denegación de servicio, la destrucción de datos, o la publicación de información confidencial a modo de protesta o en contra de determinados gobiernos (Consejo de la Unión Europea 2017:3)  Con el desarrollo de acciones como estas se calcula que los ataques informáticos cuestan a la economía mundial unos 400.000 millones de euros cada año (2017:3)

Bajo esta coyuntura, el Consejo Europeo solicitó la adopción inmediata de un planteamiento común de la ciberseguridad en la UE tras el conjunto de las medidas de reforma propuesto por la Comisión Europea en septiembre de 2017. Esta reforma tiene como propósito la aplicación de medidas de la Estrategia de Ciberseguridad y su pilar fundamental, la Directiva sobre Seguridad de las Redes y Sistemas de Información. Entre las principales iniciativas de la misma se despliegan la creación de una agencia de ciberseguridad de la Unión Europea, la introducción de un régimen de certificación de la ciberseguridad a escala de la UE y la rápida aplicación de la Directiva Seguridad de las Redes e Información (2017:4). Asimismo, en aras de desarrollar capacidades de ciberdefensa más sólidas, la UE y la OTAN fomentarán de forma conjunta la cooperación en materia de investigación e innovación con el objetivo de crear una plataforma de formación y educación en esta materia (Comisión Europea 2017:1).

La implementación de medidas como estas resultará relevante para la reducción del nivel de afectación de los sistemas informáticos, los cuales tienen el riesgo de verse gravemente afectados por incidentes de seguridad como fallos técnicos y virus, los cuales resultan un tipo de incidentes que cada vez más son difíciles de atajar. Finalmente, con declaraciones como las de Andrus Ansip, vicepresidente responsable del Mercado Único Digital, será posible percibir que la unión de fuerzas entre los Estados miembros de la UE representa la mejor estrategia ante un combate contra los ciberataques mediante la adopción de medidas que logren erradicarlos:

Ningún país puede hacer frente, por sí solo, a los retos de la seguridad. Nuestras iniciativas refuerzan la cooperación de forma que los Estados miembros de la UE puedan acometer juntos estos desafíos. Proponemos también nuevas medidas que potencien la innovación y fomenten la «ciberhigiene” (2017:2)

La crisis de los refugiados

En los últimos dos años, el continente europeo ha experimentado el mayor número de desplazamientos masivo de personas desde la Segunda Guerra Mundial. Mas de un millón de refugiados han llegado a la Unión Europea, la gran parte de ellos escapando de conflictos bélicos efectuados en su país, los cuales ponían en riesgo su vida (Dirección General de Migración y Asuntos del Exterior 2016: 1). Bajo este contexto, la UE implementó una serie de medidas para hacer frente la crisis, entre las cuales se incluyen el tratar de resolver las causas profundas de las mismas al igual que brindar ayuda a aquellas personas necesitadas de asistencia humanitaria.

Un acontecimiento de esta naturaleza ha dado inicio a una serie de debates entre jefes de Estado que discuten la apertura o restricción de inmigrantes dentro de sus fronteras, las políticas que rigen dentro de su jurisdicción y las condiciones que proveen a la gran mayoría de los refugiados conforme a que estos logren una integración multidimensional dentro de su Estado receptor.

Las respuestas de la Unión Europea ante crisis de una magnitud tan alta se han dado de manera veloz y han tenido un enfoque cortoplacista, orientado a la satisfacción de las necesidades básicas de los inmigrantes. En ese sentido, la UE ha destinado más de 10.000 millones de euros del presupuesto de la UE para hacer frente a las crisis de los refugiados.

Refugiados atrapados en la frontera greco-turca [Foto vía National Geographic].

De este modo, desde mayo del 2016 vemos a una UE dedicada a financiar proyectos para hacer frente las necesidades humanitarias más urgentes (2016:2). A pesar de ello, vemos que el esfuerzo por parte de gran cantidad de países de la Unión Europea, haciendo énfasis en el papel de los Estados de Bienestar, no ha sido del todo favorable, pues en muchos casos ha derivado en un sistema asistencialista de los refugiados, en el que la supervivencia de los mismos va a estar condicionada por el accionar del Estado europeo.

Bajo estas circunstancias resulta pertinente considerar la afirmación del filósofo Will Kymlicka, quien señala que los Estados multinacionales no podrán sobrevivir a menos que sus diversos grupos nacionales mantengan su lealtad a la comunidad política más amplia en la que están integrados y en la que cohabitan (1996:53). Tomando en cuenta ello, será necesario el replanteamiento de una política migratoria orientada a la integración multidimensional del migrante, que contemple la dimensión cultural y laboral del mismo frente al Estado receptor, lo que permitiría más tarde la coexistencia pacífica entre ciudadanos natales del país receptor y los ciudadanos inmigrantes.

La brecha digital en las zonas rurales

Durante las últimas décadas, los centros urbanos de los países europeos se han convertido en centros tecnológicos; ciudades donde la red de Internet es gratuita y donde además de ello las líneas de fibra óptica son ubicuas (Vanguardia 2017: 1). La presentación de un contexto como este va a contrastarse con los vecindarios de bajos recursos ubicados en el interior de los Estados junto con las comunidades rurales, siendo estos espacios en los que aún se perciben a grandes poblaciones que luchan una mejor calidad de vida. Ante la observación de una brecha existente entre las zonas rurales y urbanas de la región europea, la respuesta de la UE no se hizo esperar. De este modo, el Comité Europeo de las Regiones instó el 1 de diciembre del 2017 a que el futuro presupuesto para el periodo 2021-2027 aborde mejor los retos que enfrentan las Comunidades Europeas, resaltando entre ellos la brecha digital de las poblaciones rurales.

Los desequilibrios digitales a los que se han visto expuestos ciudadanos rurales fueron abordados el año pasado por el representante del condado ritual de Leitrim, quien señalo los desequilibrios locales a los que afrontan los habitantes de ese territorio:

“Nueve de cada diez hogares sin banda ancha fija están en zonas rurales y ese es solo un elemento en el desequilibrio de los servicios digitales para la gente que, como yo, vive en zonas rurales” (La Vanguardia 2017:3).

La situación de urgencia por parte de un accionar estatal frente a las condiciones de vida de las poblaciones rurales es clara cuando se ahonda igualmente en las consecuencias al largo plazo del desarrollo de un fenómeno como este, entre las cuales están el envejecimiento, la despoblación, la pérdida de empleos y la sobrepoblación dentro de las zonas urbanas. Para la prevención de acontecimientos como estos será necesario la introducción de iniciativas como el financiamiento de la UE de cursos de alfabetización digital destinados especialmente a las personas mayores, impulsando así iniciativas para fomentar el nivel de emprendimiento en estas zonas.

Iniciativas como estas llegaron a calar dentro de la agenda de la UE mediante la irrupción de las declaraciones de actores políticos como el Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, quien afirmo que las áreas rurales en Europa están peor atendidas que las urbanas cuando se trata de acceso a la banda ancha, siendo únicamente un 40% de los hogares rurales que gozan de acceso a Internet en comparación al 76% total de los hogares. Ante un contexto como este se implementó un paquete de medidas con acciones específicas que ha anunciado la Comisión Europea para fomentar el desarrollo en los territorios rurales. Entre las medidas más significativas estuvieron la configuración de oficinas de Competencia de Banda Ancha y el despliegue de misiones de banda ancha a los Estados Miembros. (Red Española de Desarrollo Rural 2017:1)

Finalmente, el reconocimiento de los principales retos de la Unión Europea permite darnos cuenta del rol relevante que mantiene la permanencia de la alianza y el trabajo en cooperación de países europeos conforme al logro de metas conjuntas diseñadas para el enfrentamiento de desafíos de una alta envergadura. Asimismo, vemos que el visualizar a una miscelánea de problemáticas confluyen rápidamente en la agenda de la UE podría dar paso a una futura fragmentación en el presupuesto de la misma, lo que posibilitaría más tarde recortes financieros para la resolución o tratamiento de ciertas problemáticas de la UE. En base a ello, resultara vital que dentro de la negociación de las próximas perspectivas financieras en 2019 se incremente el presupuesto de la UE conforme a que se pueda aportar mayor financiación para combatir sus problemas y desafíos actuales.

 A partir de todo ello, queda claro que los esfuerzos de los jefes de Estado de la UE deberán estar sumidos en aplicar el Programa de Roma, procurando entonces hacer de la Unión Europea una entidad segura, protegida, social, próspera y más fuerte dentro de la escena mundial.

¿Cómo se distribuyen los refugiados por Europa en la peor crisis desde la II Guerra Mundial?

Fuente: eldiario.es, 29/08/2015

Más de 400.000 personas han solicitado asilo en países europeos en los primeros seis meses de 2015. Huyen de la guerra y la persecución con un solo objetivo: supervivencia. La gran mayoría parten de Grecia hacia el norte de Europa y tienen un destino final: Alemania. Cuatro de cada diez solicitantes de asilo en Europa lo han hecho en el país germano (170.000), seguido de lejos por Hungría con casi dos de cada diez (67.000 solicitantes). Esto es lo que se desprende del análisis de datos de Eurostat de eldiario.es.

 Si se cumplen las previsiones europeas para 2015, estaríamos ante la peor crisis de refugiados en Europa al menos desde 1985, año en el que se remontan los primeros datos de Eurostat. Habría que regresar a principios de los noventa para encontrar unas cifras similares. Las guerras yugoslavas y la caída de las repúblicas satélite de la URSS en Europa del Este llevaron a casi 700.000 personas a solicitar asilo en países europeos en 1992. Si continúa la misma dinámica del primer semestre de 2015, el conflicto sirio, entre otros, elevaría hasta más de 800.000 el número de peticiones de asilo en 2015. En base a los datos de Acnur, nos encontramos con las cifras más elevadas de refugiados desde la II Guerra Mundial.

Solicitantes de asilo a países europeos (1985-2015)

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Fuente: Eurostat | gráfico: Raúl Sánchez

No es lo mismo solicitantes de asilo que refugiados. Los solicitantes han registrado su petición de protección internacional pero todavía no han recibido una respuesta definitiva. Según los datos de Eurostat, hay grandes diferencias entre los países europeos a la hora de decidir favorablemente una solicitud. Bulgaria se situó a la cabeza de los países europeos con el mayor porcentaje de decisiones favorables en 2014 y 2015. Durante esos años, nueve de cada diez solicitudes de las que se tomó una decisión en primera instancia acabaron de forma positiva.

Alemania y Hungría, los dos países que más peticiones de asilo recibieron durante esos años, se ubicaron al otro lado de la balanza. En el país germano, el 42% de las decisiones en primera instancia que se tomaron en 2014 y el 43% en 2015 fueron favorables. Por el contrario, en Hungría apenas una de cada diez veces que se tomó una decisión fue favorable a la concesión de la condición de refugiado.

Evolución mensual de las solicitudes de asilo en países europeos (2008-2015)

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Fuente: Eurostat | gráfico: Raúl Sánchez

¿De dónde vienen los solicitantes de asilo?

Según la Convención de los Refugiados de 1951, un refugiado es una persona que ha abandonado el país de su nacionalidad y no puede regresar a ese país por un temor bien fundado a la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política. Siria, en guerra desde 2011, encabeza el ránking de países con mayor número de peticiones (200.000), seguido de Kosovo (101.000), territorio todavía en disputa, Afganistán (82.000 solicitantes), que continúa en guerra constante desde la llegada de Estados Unidos en 2011. Por último, Eritrea, que vive en un régimen dictatorial donde las violaciones de derechos se multiplican.

Principales países de origen de los solicitantes de asilo en 2014 y 2015

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Fuente: Eurostat | gráfico: Raúl Sánchez

Un mundo de refugiados.

Cada día, 42.500 personas se ven obligadas a huir de sus casas porque su vida corre peligro. En 2014 se contabilizó la cifra más alta de desplazados forzosos desde la Segunda Guerra Mundial. Fueron casi 60 millones, según el informe anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Entre 2013 y 2014 se ha producido el mayor incremento anual registrado hasta la fecha: ocho millones

Repasa las principales zonas del mundo a las que han tenido que escapar los refugiados por conflictos bélicos y persecuciones, a través de las siguiente infografías y gráficos interactivos.

refugiados

Fuente: elpais.com